El Decreto 274/2025 introduce una reforma integral al régimen de la Unidad de Información Financiera (UIF) y al sistema nacional de ciberseguridad, en cumplimiento de las recomendaciones del GAFI. Entre los cambios más relevantes, se destaca que la UIF ya no podrá actuar como querrellante en causas penales de lavado de activos y financiación del terrorismo, fortaleciendo así su autonomía técnica y eliminando superposiciones con el Ministerio Público Fiscal, conforme al art. 120 de la Constitución Nacional. Se modifica la Ley 25.246 para consolidar un enfoque basado en riesgo, redefinir obligaciones para sujetos obligados y establecer un régimen sancionatorio más proporcional, con la incorporación de la suspensión del sumario administrativo a prueba. Además, se asigna a la Agencia Federal de Ciberseguridad un rol rector en la protección del ciberespacio, reorganizando el Comité de Ciberseguridad. Estas reconfiguran el sistema preventivo y sancionatorio, dotándolo de mayor eficacia, coordinación institucional y adecuación internacional.
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