El DNU 366/2025 redefine condiciones de acceso a salud y educación pública para extranjeros sin residencia permanente, e incorpora nuevas causales de exclusión migratoria.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, introduce modificaciones sustantivas en cuatro normas claves: la Ley de Migraciones 25871, la Ley de Ciudadanía (346), la Ley de Educación Nacional 26206 y la Ley de Educación Superior 24521. Fundamentado en un nuevo escenario migratorio global y en la presión fiscal que implicaría la demanda de servicios públicos por parte de personas extranjeras sin residencia permanente, el decreto busca redefinir el acceso a derechos sociales desde un enfoque restrictivo y selectivo.
Entre los principales cambios, se establece que los extranjeros que no cuenten con residencia permanente deberán presentar un seguro de salud o, en su defecto, abonar por la atención médica recibida en hospitales públicos, salvo casos de urgencia y emergencia. En el ámbito educativo, las universidades nacionales podrán establecer aranceles para estudiantes extranjeros en idéntica situación migratoria, modificando el principio general de gratuidad en la educación pública. En materia migratoria, se amplían las causales de inadmisión y expulsión de extranjeros, incorporando criterios vinculados al uso indebido de servicios públicos, la reiteración de infracciones administrativas y riesgos al orden público o la seguridad nacional.
La norma tiene efectos inmediatos, aunque requiere reglamentación para su implementación práctica. Desde el punto de vista técnico, el decreto presenta una estructura clara y coherente, con artículos que modifican directamente disposiciones vigentes, aunque genera tensiones jurídicas con normas superiores, como el artículo 14 de la Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional que consagran el principio de igualdad y no discriminación. Su aplicación será probablemente objeto de debate judicial e interpretativo.
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