El Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, mediante el cual se introducen reformas significativas a la Ley de Migraciones 25871, la Ley de Ciudadanía 346, la Ley de Educación Nacional 26206 y la Ley de Educación Superior 24521. Los considerandos justifican la adopción de estas medidas en el contexto de una supuesta presión migratoria sobre el sistema público argentino, la necesidad de garantizar la sustentabilidad fiscal y la defensa de los recursos estatales, señalando una política orientada a condicionar el acceso a servicios sociales esenciales en función del estatus migratorio.
Entre los cambios principales, se establece que los extranjeros sin residencia permanente deberán presentar un seguro de salud o abonar los costos de atención médica pública, salvo en casos de urgencia. En el ámbito educativo, las universidades estatales quedan habilitadas a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros en la misma condición migratoria, reformando el principio de gratuidad. Asimismo, se amplían las causales de inadmisión y expulsión, incluyendo el uso indebido de servicios públicos y reiteración de faltas.
La norma tiene efectos inmediatos, aunque diversos aspectos requerirán reglamentación complementaria. Juristas y especialistas advierten que el decreto podría afectar derechos protegidos por la Constitución Nacional (art. 14) y tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN), al establecer distinciones fundadas en la nacionalidad y residencia. Su implementación podría implicar litigiosidad y revisión judicial futura.
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