Se ha presentado en la Cámara de Diputados una polémica iniciativa que busca modificar la Ley 26743, conocida como la Ley de Identidad de Género. El propósito es impedir que las personas que hayan cometido delitos puedan cambiar su género registrado para beneficiarse en su proceso judicial.
La Ley de Identidad de Género, sancionada en 2012, permite que las personas transgénero cambien su género en sus documentos oficiales de identidad, de acuerdo con cómo se autoperciban, sin necesidad de contar con un diagnóstico médico o someterse a cirugía.
El proyecto presentado hoy busca modificar el artículo 7 de esta ley, que se refiere a los efectos jurídicos del cambio de género. Según la nueva propuesta, “la rectificación registral no surtirá efectos jurídicos en casos de juzgamientos por femicidio y/o violencia de género ocurridos con anterioridad a la rectificación”. Esto implicaría que, incluso si una persona cambia su género después de haber cometido un delito, su caso sería juzgado como si hubiera ocurrido antes de la rectificación de género.
El proyecto no cuestiona la identidad de género de nadie, solo busca prevenir situaciones en las que alguien pueda intentar eludir la justicia haciendo uso de la autopercibido.
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