La Acordada 11/2023, dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se inscribe en un proceso de modernización, reorganización administrativa y fortalecimiento institucional, con el objetivo de mejorar la transparencia, el control y la eficiencia en la gestión del Poder Judicial . En ese marco, la Corte introduce una reforma estructural profunda: crea la Secretaría Jurídica General, con funciones de asesoramiento jurídico integral en materia de superintendencia, control de legalidad de los actos administrativos y ordenamiento del circuito decisorio interno. A su vez, dispone la creación de nuevas dependencias como la Dirección de Sumarios, la Dirección de Asuntos Contenciosos y la Dirección General de Control Interno y Auditoría, esta última con dependencia directa del pleno del Tribunal, buscando garantizar mayor autonomía funcional en el control.
Desde el punto de vista jurídico, la acordada constituye una norma de superintendencia con fuerte contenido organizacional, que no modifica el derecho sustantivo ni procesal, pero sí redefine el modo en que la Corte ejerce sus funciones administrativas, de control y de defensa judicial. En particular, introduce un cambio relevante al prever que la Corte pueda asumir progresivamente su propia representación judicial, reduciendo la dependencia del Ministerio de Justicia.
Uno de los aspectos más significativos es la centralización del asesoramiento jurídico y del control de legalidad, así como la separación entre funciones de auditoría y funciones disciplinarias, lo que responde a estándares modernos de gobernanza institucional. Asimismo, se reorganizan órganos preexistentes, se suprimen estructuras anteriores y se redistribuyen competencias, generando un nuevo organigrama con mayor especialización técnica.
Sin embargo, la acordada presenta una fuerte disidencia del Ministro Ricardo Lorenzetti, quien cuestiona la medida por considerar que contradice decisiones previas del propio Tribunal, incrementa el gasto público sin justificación suficiente, debilita los mecanismos de control real y afecta principios como la coherencia institucional y la buena fe (“doctrina de los actos propios”). También advierte sobre riesgos de concentración de poder y pérdida de transparencia en los controles internos .
Ventajas para el derecho argentino
- Fortalecimiento del control interno y la auditoría institucional, con mayor autonomía funcional.
- Profesionalización del asesoramiento jurídico en la toma de decisiones administrativas.
- Mayor independencia del Poder Judicial, al asumir progresivamente su propia defensa judicial.
- Modernización de la estructura organizativa, alineada con estándares de gestión pública.
- Separación de funciones (control, auditoría y disciplina), mejorando la calidad institucional.
Impacto estructural
La Acordada 11/2023 constituye un punto de inflexión en la organización interna de la Corte: transforma el modelo de gobierno judicial desde una lógica administrativa hacia una lógica de gestión institucional compleja, con órganos especializados y mayor autonomía técnica. Su verdadero alcance no es inmediato en términos procesales, pero sí profundamente estratégico, ya que redefine cómo se controla, asesora y decide dentro del máximo tribunal.
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Acordada 11/2023 CSJN Disponer la creación, en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Secretaría Jurídica General.-
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