Erreius 05/04/2023
Si bien no acarrean una condena debido a la prescripción de la causa, pueden servir para responsabilizar a los acusados
Al defenderse de las acusaciones por abuso sexual infantil realizadas por Lucas Benvenuto, el conductor de televisión Jey Mammón reclamó que se haga un juicio por la verdad.
“Necesito el juicio a la verdad y los elementos están para que yo lo pueda llevar a cabo”, sostuvo el también músico y actor.
Según la acusación, el conductor televisivo habría abusado del denunciante cuando este tenía 14 años y, luego, este tipo de encuentros se habría mantenido durante los años siguientes. La denuncia fue formulada judicialmente en 2020, pero fue cerrada en marzo de 2021 ya que habían pasado los doce años previstos por el Código Penal para determinar la prescripción de la causa.
El abogado que representa legalmente a Lucas Benvenuto remarcó que esta herramienta, que comenzó a aplicarse en casos de abuso sexual, es compleja para los denunciantes porque “implica otra vez volver a revictimizarse, contar de vuelta todos los abusos sufridos y no tiene mucho sentido”.
Se trata de una herramienta que, si bien no acarrea una condena penal, habilita recopilar información que determine la responsabilidad de los acusados cuando no es posible juzgarlos -ya sea porque fallecieron o porque la causa fue declarada prescripta-.
Antecedentes
Hace tres años, el Juzgado de Garantías 8 de Lomas de Zamora ordenó un juicio por la verdad en un caso de abuso que había sido declarado prescripto por la Cámara Penal y el Tribunal de Casación.
“La condición de niño/a abusado/a necesita el reconocimiento proveniente de la sociedad adulta de los hechos que pronunció, para recuperar la confianza en sí mismo y en las demás personas”, aseguró el juez Gabriel M. A. Vitale en los fundamentos del fallo.
En mayo de mayo de 2022, P. A., quien había sido abusada por su tío 25 años antes de realizar la denuncia, logró que la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires fallara a su favor y habilitara un juicio por la verdad. La Defensoría del Pueblo de Buenos Aires acompañó la solicitud porque consideró que este procedimiento “puede servir como acto reparatorio para la víctima”.
Por eso, señalaron que normativas supranacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer son suficientes para apoyar este tipo de solución.
Lo que se busca es reparar un daño gravísimo para la víctima a través de la verdad, que se conozca públicamente lo que sucedió y que el Estado reconozca la condición de niña abusada, para ser parte de una solución que en su momento no otorgó.
Además, en marzo de 2022, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional ordenó que se lleve adelante un juicio por la verdad en un caso por abuso sexual infantil.
Entre otros aspectos, consideró primordial el interés superior del niño, lo que lleva, indefectiblemente, de acuerdo con el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a que deba habilitarse una instancia jurisdiccional para que quienes se presentan como víctimas “puedan acceder a la determinación de la verdad de los hechos que denuncian, aún frente al obstáculo para la persecución penal y castigo del presunto autor derivado de la prescripción operada y correctamente declarada.”
Cómo surgieron los “juicios por la verdad”
Inicialmente, los juicios por la verdad buscaron hacer públicas las circunstancias de detención y desaparición de personas durante el gobierno militar, ocurrido entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983.
Se llevaron a cabo en la Argentina a partir de 1998 como consecuencia del permanente pedido en ese sentido de organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
El primer juicio por la verdad comenzó ante el reclamo de Carmen Aguiar de Lapacó, una madre que quería saber lo que había pasado con su hija desaparecida. La Justicia no había hecho lugar a ese pedido amparándose en las leyes de punto final y obediencia debida.
La denunciante llevó el reclamo hasta la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que hizo lugar al reclamo. En 1999 el Estado argentino firmó un acuerdo de solución amistosa y se comprometió a llevar adelante un juicio por la verdad.
