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La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad los recursos presentados por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en la denominada Causa Vialidad, y dejó firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La decisión confirma la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 2 y ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal, que consideró a la expresidenta autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El caso gira en torno al direccionamiento de contratos de obra pública en favor de Lázaro Báez durante su mandato. Con esta resolución, Fernández de Kirchner queda definitivamente excluida de la posibilidad de postularse a cargos electivos y enfrenta una pena privativa de libertad cuya ejecución dependerá de futuras definiciones judiciales sobre su situación procesal y parlamentaria.
Corte Suprema de Nacion, Jurisprudencia
La Cámara Federal de Casación confirmó la condena de Cristina Fernández de Kirchner a la pena de seis (6) años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La defensa interpuso recurso extraordinario […]
Noticias, Noticias TDF
El artículo de Guido N. Greco ofrece una lectura renovada del régimen de recompensas previsto en el artículo 105 de la Ley 24660, proponiéndolo como una vía normativa eficaz para incentivar la reinserción social sin alterar el marco punitivo establecido. Desde una perspectiva doctrinaria, se destaca que el valor del instituto no radica solo en su existencia formal, sino en su aplicación concreta como parte del derecho de ejecución penal en evolución. El autor vincula este régimen con principios superiores del orden constitucional, como el deber de resocialización consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos. Asimismo, expone su fundamento reglamentario en el Decreto 1139/2000 y lo sitúa dentro de un entramado normativo más amplio que incluye calificaciones de conducta, estímulo educativo y salidas transitorias. Con apoyo en el derecho comparado y en reconocidas voces doctrinarias, el artículo reafirma el rol activo del juez de ejecución como garante de la legalidad del régimen, incluso ante omisiones reglamentarias locales. La propuesta resulta especialmente relevante en contextos como el de Tierra del Fuego, donde la falta de regulación provincial no debería obstaculizar la implementación de este instrumento, que se proyecta como un medio legítimo, humanizante y funcional del derecho penal contemporáneo.
Normativa, Normativa Nacional
La Resolución General 5704/2025 fue dictada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en ejercicio de las facultades delegadas por el artículo 3° del Decreto N° 353/2025, con el objetivo de implementar una modalidad simplificada y opcional para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias de personas humanas y […]
