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La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Familia y Minería de Gral Roca, Río Negro, confirmó la violencia obstétrica sufrida por una mujer durante su cesárea. La mujer, tras experimentar diversas circunstancias personales e institucionales, solicitó una cesárea después de prolongadas horas de espera, aunque inicialmente deseaba un parto natural. En la sala de cirugía, tuvo un intercambio verbal con el médico anestesista que, debido al tono y las palabras utilizadas, le causó un profundo dolor emocional, impidiéndole relajarse y disfrutar del nacimiento de su hijo.
Esta situación se enmarca dentro de la definición de violencia obstétrica y las Leyes 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, 25.929 de Parto Respetado y la 26.529 de Derechos del Paciente, amparan a las mujeres en todas las etapas del preparto, parto y postparto. Estas normas buscan asegurar un trato respetuoso y evitar cualquier forma de maltrato o deshumanización durante el proceso de nacimiento.
El tribunal valoró los testimonios presentados, destacando la importancia de evaluar el recorrido de cada testigo en su proceso de deconstrucción de conductas patriarcales. Esta perspectiva es crucial para entender y juzgar adecuadamente los casos de violencia obstétrica, reconociendo que tanto hombres como mujeres pueden tener distintos niveles de comprensión y sensibilización sobre estos temas.
La sentencia no solo ratifica la existencia de violencia obstétrica, sino que también enfatiza la necesidad de un cambio cultural en la atención médica durante el parto. Reconoce que los profesionales de la salud deben estar formados y sensibilizados para ofrecer un trato digno y respetuoso a todas las mujeres, evitando comportamientos que perpetúen estereotipos de género y violencia institucional.
La solicitud de juicio por “ecocidio” contra el productor agropecuario Ricardo La Regina, presentada por la Fiscal General Jefe de Rawson, Florencia Gómez, marca un precedente significativo en la jurisprudencia ambiental de América Latina. Este caso, el primero de su tipo en llegar a esta instancia en la región, busca sentar un precedente legal en la lucha contra los daños ambientales graves y la crueldad animal.
El caso se centra en las acciones de La Regina en 2021, cuando construyó un camino y un alambrado electrificado en su propiedad, lindera con el Área Natural Protegida de Punta Tombo. Esta zona es crucial para la conservación de los pingüinos de Magallanes, siendo además una reserva de la biosfera de la UNESCO y una área de importancia para la conservación de las aves. Las intervenciones de La Regina, realizadas durante el período reproductivo de los pingüinos, resultaron en la muerte de 105 pingüinos adultos, 292 pichones y la destrucción de 175 nidos, según la denuncia presentada por el científico Pablo Borboroglu y respaldada por diversas organizaciones ambientalistas.
El concepto de “ecocidio”, tal como lo describe el Ministerio Público Fiscal, se refiere a cualquier acto ilícito o arbitrario que cause daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente. En este contexto, las acciones del denunciado son vistas no solo como una violación de la ley Sarmiento de maltrato animal, sino también como actos de crueldad hacia especímenes y daños irreversibles a la fauna y flora autóctonas. La rapidez con que se realizó el allanamiento y el relevamiento del lugar, junto con el apoyo de imágenes satelitales provistas por National Geographic, fueron cruciales para la recolección de pruebas contundentes que fundamentan la acusación.
La relevancia de este juicio radica en su potencial para establecer un marco legal más robusto contra el ecocidio en América Latina, subrayando la necesidad de ejercer una protección estricta de los ecosistemas y las especies vulnerables. La posibilidad de una condena de hasta cuatro años de prisión para La Regina, en caso de ser encontrado culpable, enviaría un mensaje claro sobre la gravedad de los delitos ambientales y la crueldad animal, y podría influir en la implementación de políticas más rigurosas para la preservación del medio ambiente en la región.
El apoyo de organizaciones como National Geographic, Greenpeace, mas aquellas de menor envergadura, pero no por eso de menor importancia, sumado al compromiso de científicos y expertos en fauna, han de ser de vital importancia para llevar adelante acciones concertadas y multidisciplinarias, para enfrentar los desafíos ambientales contemporáneos.
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Decreto Provincial 1088/24 Ratifica en todos sus términos el Contrato de Comodato, suscripto entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Instituto Provincial de regulación de Apuestas el que se encuentra registrado bajo el Nro 25296
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