Corte Suprema de Nacion, Jurisprudencia
Extradición: cuestiones relacionadas con la validez de la prueba o de los actos celebrados El juez de primera instancia concedió la extradición del requerido a la República del Paraguay para ser sometido a proceso por el delito de lesión de confianza. La defensa particular dedujo recurso ordinario de apelación y la Corte confirmó este pronunciamiento. […]
Camaras provinciales, Jurisprudencia
La Cámara de Trabajo de Viedma ha ratificado una indemnización por despido para una trabajadora, determinando que su contrato eventual se había convertido en uno a plazo indeterminado debido al despido del trabajador reemplazado. Al notificarle el cese de su contrato, la empresa ignoró esta transformación. Además, se aplicó el artículo 276 de la Ley […]
Noticias
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 4, a cargo de la Dra. Rita María Ailan, ha admitido como proceso colectivo la acción de amparo presentada por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF). Esta acción legal desafía la legislación vigente sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que impone a los profesionales del derecho la obligación de informar sobre operaciones sospechosas realizadas por sus clientes.
Esta decisión permitirá la defensa de las prerrogativas profesionales de los abogados, quienes argumentan que dichas obligaciones podrían vulnerar principios fundamentales como la confidencialidad cliente-abogado, un pilar esencial del sistema legal que protege la comunicación entre abogado y cliente para garantizar un asesoramiento legal efectivo y honesto.
La admisión del amparo como proceso colectivo permite que el reclamo del CPACF no solo abarque a los miembros de esta institución, sino que extiende su alcance a todos los abogados de la Capital Federal afectados por esta normativa. Este enfoque colectivo busca una solución jurídica más amplia y coherente, evitando la fragmentación en la interpretación y aplicación de la ley, y subrayando la importancia de los temas planteados en relación con las libertades profesionales y la ética.
Noticias, Noticias TDF
En el día de ayer Lunes 29 de abril de 2024, se publicaron en el Boletín Oficial 5582 nuevas leyes provinciales de variada temática, desde la economía y la educación hasta la salud y la investigación, reflejando un esfuerzo significativo por parte de la Legislatura provincial para responder a las necesidades actuales y futuras de la ciudadanía.
Ley 1542: Establece el 15 de marzo como el “Día del Enfermero Antártico”, reconociendo la labor de estos profesionales que operan bajo condiciones extremadamente desafiantes. Este reconocimiento no solo honra su dedicación y esfuerzo, sino que también subraya la importancia de la atención médica especializada en el Continente blanco.
Ley 1543: Refuerza el compromiso con la educación al declarar los comedores escolares en instituciones estatales como servicio esencial, asegurando que todos los alumnos tengan acceso a nutrición adecuada y saludable. El Ministerio de Trabajo y Empleo ha sido designado como la autoridad de aplicación, con la responsabilidad de reglamentar esta ley en menos de treinta días.
Ley 1544: Modifica la Ley provincial 1070 para permitir al Presidente de la Caja de Previsión Social de la Provincia delegar sus facultades en el Vicepresidente. Esta modificación apunta a mejorar la gestión administrativa y la eficiencia dentro de la Caja, permitiendo una respuesta más ágil a las necesidades de los beneficiarios.
Ley 1545: Introduce una exención del pago de cánones por la tramitación de permisos de investigación a universidades nacionales y organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, para proyectos sin fines de lucro relacionados con la gestión de recursos hídricos. Esta ley facilita la investigación y el desarrollo sostenible, crucial para el manejo de los recursos naturales.
Ley 1546: Permite un alivio fiscal significativo en un momento de necesidad económica. La normativa instruye a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) a suspender por un año el inicio y la continuidad de ejecuciones fiscales de todas las deudas que puedan ser ejecutadas al momento de la entrada en vigencia de la ley.
Este respiro no solo impide el inicio de nuevas ejecuciones fiscales, sino que también paraliza cualquier procedimiento en curso, incluyendo la aplicación de medidas cautelares que podrían comprometer la continuidad operativa de los contribuyentes. Adicionalmente, la ley suspende los plazos procesales, lo que significa que durante el año en que la ley esté en vigor, no correrán los términos legales que normalmente limitan el tiempo durante el cual se pueden iniciar o continuar acciones legales contra los deudores.
Es especialmente significativa para los contribuyentes cuya base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos no superó los 500 millones de pesos durante el período fiscal 2023. La selección de este umbral indica un enfoque dirigido a apoyar a pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y contribuyentes individuales que son más susceptibles a las fluctuaciones económicas y que representan una parte vital de la economía local.
Además, la Ley 1546 obliga a los contribuyentes beneficiados a adherirse a los planes de pago vigentes o futuros dentro de un período de seis meses. Este requisito sugiere un esfuerzo por parte del gobierno provincial para facilitar la regularización de las obligaciones fiscales de manera estructurada, sin comprometer la capacidad de los contribuyentes para gestionar sus finanzas a corto plazo.
Finalmente, la autoridad de aplicación de esta ley, la AREF, no solo se encargará de la implementación de estas medidas, sino que también puede emitir normativas adicionales necesarias para garantizar su adecuada aplicación. Esto demuestra un enfoque dinámico y adaptativo para gestionar la política fiscal de la provincia, asegurando que la ley se aplique de manera efectiva y considerando las condiciones económicas cambiantes.
Este conjunto de normas, evidencian un esfuerzo concertado de la legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur por abordar problemas multifacéticos y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Desde medidas fiscales de alivio hasta el reconocimiento del papel crucial de los profesionales de la salud en la Antártida, pasando por el impulso a la investigación y la protección de los derechos de los estudiantes, son el reflejo de un compromiso con el progreso continuo y la adaptación a las necesidades cambiantes de una comunidad diversa y geográficamente única.