El Dictamen F.E. 02/26 de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Tierra del Fuego se emitió en el marco del expediente iniciado a raíz de una denuncia por presuntas infracciones al régimen de acumulación de cargos e incompatibilidades del personal docente previsto en la Ley Provincial 761, vinculadas a la supuesta omisión de declarar cargos desempeñados en otras jurisdicciones y la eventual superposición horaria incompatible con el ejercicio de la función pública.
La intervención se sustentó en la documentación remitida por el Ministerio de Educación, incluyendo informes técnicos y jurídicos que describen el sistema de control basado en declaraciones juradas, inicialmente gestionadas mediante el sistema SIGE y posteriormente mediante el Sistema Único de Novedades de Agentes (SUNA), cuya validez fue expresamente reconocida por la Resolución M.ED. 2265/2025, que atribuye a los registros electrónicos el mismo valor probatorio que la documentación tradicional.
Desde el plano probatorio, el dictamen otorga relevancia a los informes administrativos que acreditan la existencia de mecanismos formales de control, en concordancia con el Decreto Provincial 1242/2011 y el Manual de Procedimientos aprobado por Resolución M.ED. 785/15, concluyendo que el sistema mantiene su vigencia normativa, aunque advierte su dependencia estructural de la veracidad de la información autodeclarada por los agentes.
La Fiscalía identifica una insuficiencia en la interoperabilidad de bases de datos que impide detectar incompatibilidades de manera preventiva, lo que compromete los principios de legalidad e igualdad en el acceso al empleo público.
En consecuencia, si bien no se acreditaron infracciones concretas en el caso, el dictamen concluye instando al fortalecimiento del sistema mediante el entrecruzamiento obligatorio de datos con la Caja de Previsión Social y la exigencia del historial laboral de ANSES, consolidando un estándar reforzado de control preventivo y transparencia administrativa.
VERSIÓN EN LENGUAJE CLARO
Qué investigó la Fiscalía
La Fiscalía analizó una denuncia que decía que algunos docentes podrían tener cargos incompatibles, es decir, trabajar en varios lugares al mismo tiempo sin declararlo, lo cual está prohibido por la Ley Provincial N° 761.
Cómo funciona el sistema de control
Los docentes deben presentar una declaración jurada. Es un documento donde informan todos sus trabajos. Hoy ese sistema es digital y se hace a través del sistema SUNA, que tiene el mismo valor legal que los formularios en papel.
El Ministerio también controla esta información mediante:
- Sistemas informáticos internos
- Verificación administrativa
- Posibles sanciones si detecta irregularidades
Qué encontró la Fiscalía
La Fiscalía determinó que:
- No se comprobó que existieran infracciones concretas.
- El sistema de control existe y es legal.
- Pero el sistema tiene una debilidad importante: depende mucho de que el propio docente diga la verdad.
- Además, el Estado no cruza automáticamente los datos con otros organismos.
Esto significa que algunas incompatibilidades podrían no detectarse.
Qué ordenó la Fiscalía
La Fiscalía dispuso que el Ministerio debe mejorar los controles, especialmente:
- Cruzar datos con la Caja de Previsión Social
- Pedir el historial laboral de ANSES
- Verificar la información con otras bases de datos
- Informar mejor a los docentes sobre las consecuencias legales de mentir
Qué efectos produce
Este dictamen no sanciona a nadie. Pero obliga al Estado a mejorar el sistema de control.
Su objetivo es garantizar:
- Transparencia
- Igualdad
- Legalidad en el empleo público docente
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