El Divisional Court del King’s Bench Division, con sede en Londres e integrado por Dame Victoria Sharp y el juez Johnson, se pronunció el 6 de junio de 2025 en los casos acumulados “The King on the application of Frederick Ayinde v London Borough of Haringey” y “Hamad Al-Haroun v Qatar National Bank QPSC y otro”. Ambas causas fueron tramitadas bajo la jurisdicción Hamid, dirigida al control de conductas procesales impropias por parte de abogados en asuntos urgentes de derechos fundamentales.
En la causa Ayinde, una abogada novata presentó un escrito en nombre del Haringey Law Centre incluyendo citas jurisprudenciales inexistentes y una errónea interpretación del artículo 188(3) del Housing Act 1996. Pese a los requerimientos de aclaración, no rectificó su conducta. El juez Ritchie, en instancia previa, calificó su accionar como impropio y negligente, ordenando el pago de costas y su remisión a las autoridades regulatorias. El tribunal superior ratificó esa decisión al comprobar que la abogada no logró justificar el origen de las citas falsas ni demostrar su diligencia profesional.
En el caso Al-Haroun, el letrado de un banco qatarí presentó fundamentos basados en referencias jurídicas proporcionadas por su cliente, generadas mediante inteligencia artificial. El tribunal señaló que delegar la verificación legal en una parte legamente inexperta constituye una falta grave deontológica. Aunque no se promovió acción penal, se ordenó la remisión del abogado al organismo disciplinario competente.
La sentencia enfatiza que el uso de inteligencia artificial en escritos judiciales exige control humano y verificación profesional rigurosa. Se remarca la obligación de los abogados de garantizar la integridad de los argumentos legales y la necesidad de reforzar la supervisión ética ante nuevas herramientas tecnológicas.
El tribunal aceptó la franqueza, las disculpas y el reconocimiento de responsabilidad por parte de los involucrados. No obstante, enfatizó que la cuestión central en estos casos es la conducta de los abogados, no la de los litigantes. Sostuvo que el accionar de los representantes legales no puede quedar eximido, y que resultaba extraordinario que se hayan presentado escritos con citas inexistentes, sin ninguna verificación.
Finalmente, ordenó que se remita copia de la sentencia a los organismos reguladores correspondientes (como el Bar Standards Board y el Solicitors Regulation Authority), y reiteró que las herramientas tecnológicas pueden ser útiles, pero nunca pueden reemplazar la responsabilidad profesional del abogado.
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