La Resolución Plenaria 141/2025 concluyó la auditoría sobre el parque automotor del Poder Ejecutivo provincial, ordenada por la Resolución Plenaria 131/2023 durante el control de la Cuenta de Inversión 2022. La Resolución Plenaria 182/2023 aprobó el plan de auditoría y fijó el plazo para el informe final, posteriormente prorrogado por la Resolución Plenaria 64/2024.
La auditoría comprendió requerimientos de información, inspecciones oculares y el cotejo entre el inventario del sistema geN Financiero y los registros de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor. Se detectaron 35 dominios incluidos en el inventario provincial que no figuraban en el informe registral y 73 inscriptos registralmente que no aparecían en el inventario. Entre estos últimos, 48 no tenían tramitada el alta patrimonial. También se observaron deficiencias en la actualización de registros, los procedimientos de altas y bajas, la autorización de conductores y la organización del mantenimiento.
El Tribunal consideró aplicables los artículos 53, 55, 56 y 60 de la Ley provincial 1015, que exigen identificar, controlar e inventariar los bienes estatales, y los artículos 47 y 51 del Decreto provincial 1505/2002, relativos a su administración y registración permanente.
En consecuencia, compartió los Informes Contables INF-TCP-SC-47-2025 y INF-TCP-SC-57-2025; comunicó sus conclusiones a las autoridades competentes y les requirió implementar medidas correctivas. Además, otorgó treinta días para articular un procedimiento sistemático de mantenimiento e informar sus avances, y encomendó a la Delegación del Poder Ejecutivo efectuar el seguimiento correspondiente.
Versión en lenguaje claro
Tema del caso
El Tribunal de Cuentas revisó cómo el Poder Ejecutivo registra, administra, utiliza y mantiene sus vehículos oficiales.
Antecedentes
La Resolución Plenaria 131/2023 ordenó realizar la auditoría. La Resolución Plenaria 182/2023 aprobó el plan de trabajo y fijó la fecha del informe final. Ese plazo fue prorrogado mediante la Resolución Plenaria 64/2024.
Los auditores pidieron documentación, realizaron inspecciones y compararon los registros provinciales con la información del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.
Qué cuestión se trató
El Tribunal debía determinar si el inventario reflejaba correctamente todos los vehículos provinciales. También debía examinar los procedimientos de altas y bajas, la autorización para conducirlos y su mantenimiento.
Análisis del TCP
La comparación mostró diferencias importantes. Había 35 dominios registrados en el inventario provincial que no figuraban en el informe nacional. A su vez, 73 dominios aparecían en el registro nacional, pero no en el inventario provincial. De estos últimos, 48 no tenían realizada el alta patrimonial.
El Tribunal también detectó registros desactualizados y falencias en los procedimientos administrativos. Recordó que la Ley provincial 1015 obliga a mantener actualizado el Inventario General de Bienes de Uso.
Decisión final
El Tribunal dio por terminada la auditoría y comunicó sus conclusiones a la Contaduría General y a la Secretaría de Coordinación Administrativa del Gobernador. Ambas debían corregir las deficiencias y mejorar la precisión de los registros.
También otorgó treinta días para establecer un sistema eficiente de mantenimiento e informar las medidas adoptadas. La Secretaría Contable quedó a cargo de controlar su cumplimiento.
Conclusión
La administración de vehículos oficiales requiere inventarios actualizados, procedimientos claros y responsables identificados. El control debe abarcar tanto la situación patrimonial como el uso, la seguridad y el mantenimiento de cada unidad.
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