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La Sala IV de la Cámara Contenciosos Administrativo Federal, ha rechazado el recurso interpuesto por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). La solicitud de la FARN buscaba que el Estado Nacional se abstuviera de otorgar permisos de exploración sísmica y/o de explotación hidrocarburífera en determinadas áreas del Mar Argentino, hasta tanto se evalúen los impactos acumulativos y climáticos de dichas actividades. La medida cautelar también solicitaba la suspensión de la aprobación de estudios y evaluaciones de impacto ambiental, así como la emisión de declaraciones de impacto ambiental y autorizaciones para prospecciones sísmicas o explotaciones.
El fallo subraya la necesidad de un debate más amplio y de la presentación de pruebas adicionales antes de tomar una decisión definitiva sobre la cuestión. Este rechazo refleja la complejidad de balancear la protección del medio ambiente con las necesidades energéticas y económicas del país. La causa ha sido destacada por su significativa trascendencia, dado que los intereses en juego involucran tanto la protección del medio ambiente marino como el desarrollo energético de Argentina.
El caso se enmarca en un contexto global de creciente preocupación por el cambio climático y la búsqueda de alternativas energéticas sostenibles. La decisión judicial enfatiza la importancia de una evaluación ambiental estratégica que contemple los impactos acumulativos de la explotación de hidrocarburos, así como la consideración de alternativas energéticas en el marco de una transición energética justa. Sin embargo, por el momento, el fallo permite que el Estado Nacional continúe con las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera en el Mar Argentino, marcando un precedente significativo en la legislación ambiental y energética del país.
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En un avance hacia la consolidación de la transparencia y el acceso a la información en el ámbito público, la Agencia de Acceso a la Información Pública, en colaboración con el Consejo Federal para la Transparencia, ha desarrollado una Guía Federal de Transparencia. Este documento estratégico se propone como un pilar fundamental para incentivar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), con un enfoque particular en el desarrollo y la optimización de portales web dedicados a la difusión de información.
La guía surge como respuesta a la necesidad imperante de promover la transparencia gubernamental, estableciendo estándares uniformes y prácticas recomendadas para la creación y gestión de plataformas web. Está diseñadas para ser el principal vehículo a través del cual la ciudadanía puede acceder de manera fácil y rápida a una amplia gama de información pública, desde documentos oficiales hasta datos sobre la gestión y administración del Estado.
La implementación de la Guía Federal de Transparencia busca asegurar que los portales web no solo sean herramientas de consulta, sino también mecanismos activos de participación ciudadana, permitiendo una interacción dinámica entre el gobierno y los ciudadanos. En este sentido, se enfatiza la importancia de la usabilidad de estos sitios, la claridad de la información presentada y la garantía de que los contenidos estén actualizados y sean relevantes para las necesidades informativas de la sociedad.
Además, apunta a la estandarización de criterios de transparencia a nivel federal, promoviendo una cultura de apertura que trascienda las fronteras jurisdiccionales y contribuya a fortalecer los pilares democráticos del país. Al hacerlo, la Guía Federal de Transparencia establece un modelo a seguir para la incorporación de las TICs en la promoción de la transparencia.
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En el marco del reciente Decreto Nacional 111/2024, promulgado por el Presidente de la Nación, se ha establecido una profunda readecuación estructural de la Administración Pública Nacional. Dicha reforma tiene como principal objetivo la optimización de los procesos y la eficiencia de los servicios prestados a la ciudadanía, mediante la redefinición de las metas y funciones de las distintas áreas gubernamentales. Con especial énfasis en la transparencia administrativa y la agilización de los procedimientos, el decreto dispone la reorganización de los ámbitos jurisdiccionales, otorgando un nuevo marco de actuación a los organismos descentralizados.
Además, se prevé que esta reestructuración contribuirá a la mejora en la gestión de recursos, permitiendo una asignación más eficiente y efectiva, en línea con los principios de responsabilidad fiscal y administrativa.
El decreto instaura, asimismo, mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas implementadas, asegurando un control efectivo sobre el cumplimiento de los nuevos objetivos institucionales.
Camaras Federales, Jurisprudencia
El Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata N°4, encabezado por Alberto Osvaldo Recondo, desestimó el amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) contra el DNU 70/2023, que deroga una ley de tierras. La corte argumentó que el CECIM no tiene legitimidad para representar a los afectados ni […]
