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La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados se reunirá hoy para debatir dos proyectos que modifican la ley 26485 sobre Protección Integral a las Mujeres, a fin de incorporar la “violencia digital” como una modalidad de violencia. Las iniciativas, además, proponen implementar protocolos de detección y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).
AQUI EL PROYECTO
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En la causa “F. D., G. c/Banco Santander Rio SA y otro s/amparo” la Sala C de la Cámara Nacional en lo Comercial admite el recurso del actor y condena al Banco Santander Río SA y Prisma Medios de Pago SA por la emisión de una tarjeta de crédito sin que el consumidor lo hubiera requerido, al valorarse que las empresas accionadas no brindaron oportuna respuesta al requerimiento extrajudicial del actor y se las condenó a rectificar toda información que pudieran haber emitido a terceros, vinculando al actor con la tarjeta en cuestión.
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La Legislatura porteña dispuso exenciones en ingresos brutos, en el ABL y en el impuesto inmobiliario para incentivar la oferta de viviendas en alquiler
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la ley 6640 y la ley 6642 mediante la cuales se modifican las exenciones en el impuesto sobre los ingresos brutos, en el ABL y en el impuesto inmobiliario a los fines de promover exclusivamente la oferta de inmuebles destinados a locación con destino a vivienda, exceptuándose las locaciones y/o sublocaciones de vivienda con muebles que se arrienden con fines turísticos.
Estas medidas se toman a los efectos de ampliar la oferta y así facilitar que más ciudadanos accedan a la locación de una vivienda.
Exención en el impuesto sobre los ingresos brutos
Mediante la ley 6642, publicada en el Boletín Oficial del 23 de mayo, la Ciudad de Buenos Aires exime del impuesto sobre los ingresos brutos, a partir del 1° de mayo de 2023, a los ingresos correspondientes al propietario por el alquiler de hasta tres unidades de vivienda y siempre que no se supere, para cada inmueble, en $ 220.000 mensuales.
Recordamos que antes de esa fecha, la exención aplicaba para los ingresos correspondientes al propietario por el alquiler de hasta dos unidades de vivienda y siempre que no se supere, para cada inmueble, en $ 75.250 mensuales.
Exención en el ABL y en el impuesto inmobiliario
A través de la ley 6640, publicada en el Boletín Oficial del 24 de mayo, se exime del pago de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza y del impuesto inmobiliario a los responsables de bienes inmuebles que, que cumplan con los siguientes requisitos:
- El contrato de locación debe ser suscripto a partir del 19 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2023.
- Los inmuebles objeto del contrato de locación no deben tener una valuación fiscal homogénea superior a $10.000.000.
- El precio del contrato de locación no debe superar los $220.000 mensuales del año inicial de su celebración.
- El beneficiario y el inmueble no deben poseer deudas exigibles e impagas a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- El beneficiario no debe estar incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
- No estar alquiladas ni sometidas a cualquier limitación que impida su alquiler.
El beneficio será por la duración del contrato o por treinta y seis meses desde el inicio del contrato, el plazo que sea menor y el mismo cesará en caso de que el contrato de locación pierda vigencia.
Asimismo, aquellos que hayan cancelado alguna de las cuotas de los tributos no podrán solicitar la repetición del monto abonado.
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Las cuentas en dos exchanges de criptomonedas pertenecientes a dos acusados involucrados en un presunto intento de blanqueo durante el último sinceramiento fiscal fueron embargadas. Sin embargo, los jueces consideraron que esta medida era provisional y no se pudo demostrar un perjuicio concreto e irreparable.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó un embargo preventivo sobre las cuentas en dos exchanges de criptomonedas pertenecientes a dos acusados.
Inicialmente, el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 6 dictó la medida precautoria, que luego fue confirmada por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Se ordenó el bloqueo de la cuenta y billetera virtual, así como el embargo de las criptomonedas que uno de los acusados tenía en la plataforma Ripio. Asimismo, se decretó una medida similar contra la cuenta de la acusada que operaba en la plataforma Binance. La ejecución de la medida fue derivada a la fiscalía interviniente con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia.
La defensa presentó recursos de apelación contra la resolución, pero la Cámara de Casación Penal los declaró inadmisibles. Los jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Daniel Antonio Petrone votaron en contra de los recursos.
La parte acusada cuestionó la aplicación incorrecta de la ley, la falta de fundamentación suficiente y la arbitrariedad desproporcionada en relación con el patrimonio de los acusados. Argumentaron que los presupuestos cautelares no se habían acreditado adecuadamente, ya que el embargo se basó en una solicitud de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, relacionada con otras causas penales en las que el ex esposo de la acusada estaba imputado por asociación ilícita, violación de secretos y otros delitos.
La causa principal investigaba una organización delictiva que vendía secretos fiscales y que involucraba a agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Paralelamente, se inició una investigación sobre la “exteriorización de bienes” por parte de los investigados en el marco de las leyes de Sinceramiento Fiscal. Se sospechaba que los acusados utilizaban el régimen de sinceramiento fiscal para “blanquear” el producto de otros delitos y evitar su recuperación.
Aunque uno de los acusados no se había acogido al régimen de sinceramiento fiscal, los ingresos registrados no coincidían con sus ingresos declarados, y el origen de los fondos era desconocido. Por lo tanto, se consideró necesario imponer la medida para garantizar un eventual decomiso.
La Cámara de Casación sostuvo que la medida era provisional y que no se había demostrado el perjuicio concreto que les ocasionaría a los acusados, ni se trataba de un fallo arbitrario, ya que contaba con una fundamentación suficiente. Además, no se presentaron argumentos suficientes para habilitar la jurisdicción de la Cámara de Casación en cuanto a la cuestión de la fundamentación. En consecuencia, la Justicia permitió el criptoembargo de los acusados.
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En un importante paso para la regulación del campo de la salud en la provincia, el gobierno ha promulgado el decreto provincial 1330/23 para reglamentar la ley 1430 del Ejercicio Profesional de los Técnicos en Emergencias de Salud. Esta medida busca establecer normas y pautas claras para garantizar la calidad y seguridad en la atención de emergencias sanitarias por parte de estos profesionales.
La ley 1430, promulgada mediante Decreto 2439/22 de fecha 21 de Septiembre de 2022, reconoce y regula la labor de los Técnicos en Emergencias de Salud (TES) y su rol fundamental en la atención prehospitalaria de emergencias médicas. Con la promulgación del decreto 1330/23, se dan pasos concretos para poner en práctica los lineamientos establecidos en la ley y asegurar un ejercicio profesional óptimo por parte de los TES
“Que asimismo, la Ley establece que los Técnicos en Emergencias de Salud ejercen autónomamente sus funciones e incumbencias de manera individual o en equipos interdisciplinarios de instituciones públicas o privadas debidamente habilitadas”
La reglamentación de la ley 1430 y la implementación del decreto 1330/23 reflejan el compromiso del gobierno provincial en promover la excelencia en la atención de emergencias de salud. Asimismo, busca garantizar que los Técnicos en Emergencias de Salud cuenten con las herramientas necesarias para brindar una atención profesional, ética y segura a aquellos que requieren asistencia médica en situaciones críticas.
Con la entrada en vigencia del decreto 1330/23, la provincia da un paso importante hacia la profesionalización y regulación efectiva del campo de los Técnicos en Emergencias de Salud, asegurando así una respuesta eficiente y confiable en situaciones de emergencia médica.
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Se busca garantizar la diversidad, inclusión, paz y justicia en el avance de la Inteligencia Artificial en el país.
El pasado 17/04/2023, se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que tiene como objetivo regular el funcionamiento ético de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en Argentina. La propuesta pretende establecer valores y principios por los cuales debe regirse la IA, con el fin de salvaguardar la diversidad, inclusión, paz y justicia en su desarrollo.
La iniciativa legislativa busca asegurar que el avance de la IA promueva la participación de todas las personas y grupos, sin importar su raza, color, ascendencia, género, edad, idioma, religión, opiniones políticas u otras características que pudieran afectar la diversidad e inclusión social. Asimismo, se enfoca en preservar la paz y la justicia entre naciones, evitando que la IA menoscabe la libertad humana, reduzca la autonomía de decisión, ponga en peligro la seguridad individual o colectiva, divida a las personas o amenace la coexistencia entre seres humanos, seres vivos y el medio ambiente.
Una de las disposiciones clave del proyecto de ley es otorgar a la Autoridad de Aplicación la facultad de detener los avances en la investigación, desarrollo o aplicación de la IA cuando se consideren vulnerados los principios y valores éticos establecidos. Para ello, se requerirá una demostración fehaciente del perjuicio o amenaza que represente para el individuo, la comunidad o el país.
El proyecto de ley propone incorporar esta regulación ética de la IA dentro de la Ley 25.467 del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en lugar de crear un nuevo Consejo Federal de Inteligencia Artificial como se planteó anteriormente. Esta decisión se basa en la premisa de utilizar una ley vigente con estructuras ya establecidas y consenso en la política de tratamiento de la IA en el país.
Sin embargo, existen algunas preocupaciones y puntos de debate en torno al proyecto de ley. Algunos críticos señalan que la discrecionalidad otorgada al Poder Ejecutivo para detener proyectos de IA “cuando considere” que se vulneran los principios éticos puede generar incertidumbre y potencial abuso de poder. Asimismo, se destaca la necesidad de establecer definiciones claras y parámetros para diferenciar los sistemas de IA que serán objeto de control y suspensión.
A pesar de las posibles limitaciones y desafíos, este proyecto de ley representa un importante paso hacia la regulación ética de la Inteligencia Artificial en Argentina. Busca equilibrar el avance tecnológico con la protección de los derechos de los ciudadanos y promover un desarrollo responsable de la IA en el país.
AQUÍ EL PROYECTO
