El Dr. Martín Fernández Cárdenas plantea la necesidad de un cambio en el ordenamiento jurídico de nuestro país, para hacer frente a las diferentes modalidades de delincuencia informática. El autor propone, entre otras cuestiones, ampliar las conductas reprochables para una mejor protección de los bienes jurídicos que se vulneran en las distintas modalidades de los ciberdelitos.
Gentileza Erreius – 22 de enero 2023.-
Su tarea será la de prestar servicios de mantenimiento de sistemas y programación a organismos del Estado.
El Gobierno, a través de la Secretaría de Economía del Conocimiento de la Nación, avanza en la creación de una empresa estatal de software cuya tarea será la de prestar servicios de mantenimiento de sistemas y programación a los organismos y empresas del Estado.
El objetivo es “tener una respuesta rápida y efectiva” ante las soluciones que necesita el sector público para mejorar su funcionamiento y, al mismo tiempo, lograr las condiciones necesarias para garantizar salarios competitivos a los profesionales informáticos y evitar que pasen al sector privado.
La idea del secretario Ariel Sujarchuck es que la nueva empresa estatal imite el modelo de Arsat e Invap, que tienen regímenes de trabajo diferentes a los del resto de los empleados públicos, con sueldos más altos.
El funcionario reconoció que “es casi imposible retener programadores y profesionales IT en la administración estatal, ya que no se puede pagar los salarios que pretenden sin salirse de las categorías del empleo público, lo que crea problemas con los sindicatos del sector” y destacó que “el hecho de que los empleados de sistemas de los ministerios y otras áreas del Estado tengan un horario de trabajo más flexible provoca conflictos con el resto de los trabajadores”.
Según Sujarchuck, “estos problemas de recursos humanos se solucionan con la creación de la empresa estatal con presupuesto propio y autárquica, que no está sujeta a las escalas salariales de la administración central”.
Otro contratiempo que se trata de solucionar es que, en la actualidad, las principales empresas proveedoras de servicios de software están radicadas en el extranjero, por lo que contratar y sostener esos costos se hace cada vez más difícil por la falta de dólares.
Desde el gobierno nacional consideran que una empresa pública podría solucionar esos inconvenientes, ya que tendría otro convenio en pesos y con trabajadores propios.
Como ejemplos de problemas que puede resolver la nueva firma, el funcionario mencionó a diversos medios de comunicación que en la app Mi Argentina “está la licencia de conducir, pero se sigue pidiendo todavía el registro físico. Esto se debe a la necesidad de retenerlo y a que no haya una solución tecnológica para impedir que el conductor siga al volante de otra manera”.
Otro caso que se podría solucionar es el de “las recetas electrónicas que emite desde hace un corto tiempo el PAMI” ya que ningún proveedor privado quiere ni siquiera cotizar para encargarse”.
De acuerdo a lo comunicado por el secretario de Economía del Conocimiento de la Nación, la nueva firma:
– Tendrá en los estatutos de creación la prohibición de recibir cualquier tipo de subsidio del Tesoro: sólo podrá subsistir al cobrar por los contratos que establezca con ministerios, la ANSeS y otros organismos, los cuales deberán contener precios iguales o inferiores a los de mercado.
– Su objetivo, según el secretario de Economía del Conocimiento, será el de “profesionalizar el Estado ante el volumen tecnológico creciente que demanda una atención que hoy brindan prestadores privados, muchas veces mal y subcontratando a pymes a las que pagan mal”.
– Contratará personal por proyecto y no necesitará incorporar personas en forma innecesaria a su plantilla. De acuerdo a la idea gubernamental, los proyectos podrán estar a cargo de Pymes, otras de monotributistas y también habrá una cantidad mínima de empleados fijos para tareas de más largo aliento.
– No deberá significar un costo extra para el Estado y tendrá que resolver desde los problemas más básicos y rutinarios del mantenimiento de los sistemas hasta soluciones concretas. De todas maneras, en la primera etapa, los desarrollos más grandes todavía se harán mediante licitaciones con las firmas más importantes del sector privado.
– Reducirá los sobrecostos que hoy se pagan en las licitaciones de tareas vinculadas a los sistemas, en las que las grandes compañías que consiguen las adjudicaciones presupuestan el costo, un overhead, cifras por contingencias y un cargo extra por si el Estado no le paga a tiempo.
– Resguardará la confidencialidad de la información sensible sobre las acciones de la propia administración y los ciudadanos que manejan las carteras y organismos. Al mismo tiempo, los datos del Estado no saldrían de su órbita y se evitaría su tratamiento por parte de privados.
– Subcontratará a pequeñas startups y profesionales independientes para realizar determinados trabajos, y también habrá una cantidad mínima de empleados fijos para tareas que requieran un largo tiempo. “Esto permitirá tener la versatilidad de las empresas de software modernas”, dijo Sujarchuck.
Por último, hay que destacar que la empresa estatal se pondría en marcha durante el primer cuatrimestre de este año. En estos momentos, se está trabajando en la forma de implementación.
NACIONALES –
La Corte de Justicia de San Juan anuló la resolución que había dispuesto la restitución de una niña al domicilio de su madre, al considerar que la justicia no puede desentenderse del hecho de que la menor ya se encuentra instalada en otra Provincia cursando sus estudios; por lo que volver a establecer un cambio de domicilio y de centro de vida importaría someterla a una nueva situación de vulnerabilidad y de desarraigo.
DOCTRINA –
La Dra. Verónica Vidal analiza las etapas del proceso que condujo a la Conferencia Internacional del Trabajo a dictar la resolución sobre la inclusión de un entorno de trabajo seguro y saludable en el marco de la OIT relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, así como los alcances y repercusiones de la decisión.
Se confirma la sanción de multa impuesta por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor a la firma Direct TV Argentina SA, por la infracción al artículo 46 de la ley 24.240 y sus modificaciones, con sustento en el incumplimiento de un acuerdo conciliatorio homologado.
La inteligencia artificial utiliza una gran cantidad de datos que recolecta cada vez que las personas interactúan con los diferentes dispositivos tecnológicos. Tanto en la recolección como en el uso de esos datos, debe protegerse la privacidad de los datos personales. En este interesante trabajo, la Dra. Lidia Di Masullo plantea que una forma de resguardarlos es utilizar el concepto de privacy by design o privacidad desde el diseño.
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