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En Río Negro, la justicia condenó a Directv Argentina SA por hostigamiento telefónico a un consumidor inscripto en el Registro Nacional “No Llame”. La empresa no verificó adecuadamente este registro, violando el deber de trato digno hacia el consumidor. Como resultado, se le ordenó a Directv pagar tanto daño moral como daños punitivos al demandante. La decisión sanciona la negligencia corporativa en el manejo de las comunicaciones con los clientes.
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La propuesta de reforma laboral presentada por diputados del radicalismo al Gobierno argentino busca incorporarse a la Ley de Bases y plantea modificaciones significativas en la legislación laboral del país. La reforma, entregada al jefe de Gabinete Nicolás Posse, propone una actualización y simplificación del marco normativo para adaptarse mejor a los desafíos del mercado laboral contemporáneo.
Entre los puntos clave de la propuesta se incluyen la eliminación de las principales multas relacionadas con el empleo que actualmente encarecen la contratación y generan alta litigiosidad, y la introducción de un sistema de seguro de desempleo gestionado por gremio y de carácter voluntario. Además, propone eliminar la obligatoriedad de los aportes sindicales para promover la libertad sindical.
Otras modificaciones relevantes incluyen un incremento en la indemnización por despido discriminatorio y la implementación de un sistema electrónico para la registración laboral. La propuesta también sugiere extender el período de prueba a seis meses con obligación de preaviso y clasificar la educación como servicio esencial, limitando así los conflictos laborales que puedan afectar este derecho.
En cuanto a las diferencias con el reciente decreto presidencial, la propuesta busca fomentar la formalización del empleo mediante la reducción de cargas fiscales para los empleadores con hasta cinco trabajadores y la imposición de una doble indemnización por contratación no registrada.
Este proyecto será debatido en el parlamento en la próxima semana, donde se evaluarán tanto sus ventajas potenciales como las preocupaciones que pueda suscitar entre diversos sectores afectados.
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En un notable fallo del Juzgado de Familia de Cipolletti N° 7, se resolvió un complejo conflicto relacionado con deudas y alimentos futuros para un menor, evidenciando la flexibilidad y sensibilidad del sistema judicial, especialmente frente a las dinámicas familiares. El caso se originó tras la desvinculación laboral del demandado, M.M.A., quien al recibir su indemnización, se encontró con una orden judicial que restringía su acceso al dinero para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.
El núcleo del litigio se centró en la retención judicial de $12.834.734,20, realizada por la empleadora del demandado, destinada a cubrir la cuota alimentaria. Sin embargo, el monto retenido excedía la deuda real, lo que llevó al demandado a solicitar la revisión y adecuación de la retención.
Tras diversas diligencias judiciales, incluida una audiencia entre las partes, se alcanzó un acuerdo conciliatorio. Se decidió que una parte del importe retenido se utilizaría para cubrir las cuotas alimentarias mensuales y otros gastos como la cobertura médica y un viaje de egresados. Además, se estableció que las sumas futuras serían depositadas en un plazo fijo, liberándose mensualmente montos equivalentes a dos salarios mínimos, hasta que el padre encontrara empleo nuevamente.
El fallo evidentemente se ha adaptado, y ha respondido a situaciones de vulnerabilidad económica y familiar, priorizando el bienestar del menor y la equidad entre las partes. La decisión no solo resuelve el conflicto presente sino que también proyecta una solución a largo plazo que asegura la estabilidad y sustento del menor implicado. Además, el caso reafirma los principios establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación sobre las medidas cautelares para la protección de los derechos alimentarios de niños y adolescentes, subrayando la importancia de un enfoque proactivo y preventivo en la gestión de estos delicados asuntos familiares.
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El Gobierno Nacional ha lanzado el “PROGRAMA NACIONAL INTEGRAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA JUSTICIA”.
La Resolución 111/2024, publicada en el Boletín Oficial del día de ayer 11 de abril de 2024, detalla esta nueva estrategia que pretende transformar y agilizar los procedimientos administrativos y judiciales.
Con la implementación de la IA, se espera reducir las desigualdades en el acceso a la justicia, proporcionando herramientas que optimicen los tiempos y mejoren la calidad del servicio a los ciudadanos. “La tecnología informática es un recurso esencial para la consolidación del Estado de derecho, abordando las demandas de la población a través de nuevos paradigmas tecnológicos”, destacó Cúneo Libarona durante la presentación del Programa Nacional Integral de Inteligencia Artificial en la Justicia.Este programa estará supervisado por un coordinador junto a un Comité Consultivo de expertos en la materia, quienes colaborarán ad honorem para garantizar la transparencia y eficacia en su implementación. Según el ministro, la IA será clave para optimizar las funciones de su cartera, mejorando así la calidad del servicio judicial y beneficiando a la ciudadanía.
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Esta “nueva” propuesta, incluye la declaración de emergencia pública en diversos ámbitos como administrativo, económico, financiero y energético, extendiéndose por un período de un año y un paquete fiscal que introduce cambios significativos en el Impuesto a las Ganancias. Además, contempla la delegación de ciertas facultades al Poder Ejecutivo, otorgándole una mayor flexibilidad para responder a la situación actual.
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La resolución dictada por la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en el caso “K., E. G. c/K., N. M. y otro s/ejecutivo” marca un hito en el tratamiento de los casos de violencia de género dentro del ámbito judicial comercial. La demandada, hija del ejecutante, alegó haber sido víctima de violencia de género por parte de su padre, lo que la llevó a firmar ciertos documentos en blanco. Frente a esta situación, el tribunal de primera instancia desestimó las defensas presentadas por la demandada y procedió con la sentencia de ejecución.
Sin embargo, la apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dio un giro significativo al caso. La Sala F, al revisar el caso, aplicó una perspectiva de género para analizar las circunstancias bajo las cuales se firmaron los documentos en cuestión. El tribunal reconoció la situación de vulnerabilidad de la demandada, derivada de la violencia de género ejercida por el ejecutante, su padre. Esta consideración llevó a la Cámara a concluir que los títulos de crédito cuya ejecución se demandaba no podían ser ejecutados sin un examen más profundo de las circunstancias en las que se firmaron.
