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La Corte revocó una decisión de la Cámara que redujo la pensión alimentaria y eliminó su actualización semestral basada en la inflación, argumentando que ello contravenía la prohibición de indexar deudas. Sin embargo, la Corte subrayó la importancia de preservar el valor adquisitivo de la cuota alimentaria para proteger los derechos fundamentales de los menores, citando la responsabilidad parental y la protección integral de la infancia y adolescencia como fundamentos esenciales. Enfatizó que las normas civiles deben interpretarse de manera que no afecten los derechos de los niños, tal como lo establecen diversas convenciones y la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Criticó al tribunal de alzada por no considerar un mecanismo alternativo para ajustar la cuota alimentaria frente a la inflación, lo cual, al no hacerlo, forzaba a la parte actora a iniciar litigios repetidos para ajustar la cuota, vulnerando así el derecho a la tutela judicial efectiva y los principios de celeridad y economía procesal.
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La jueza, apoyándose en las evidencias de transferencias bancarias y la documentación de la empresa constructora, y guiada por el principio de la libertad de formas del artículo 1015 del Código Civil y Comercial, identificó señales inequívocas de la formalización de un acuerdo de préstamo mutuo entre las partes involucradas, estableciendo así un claro fundamento legal para su decisión.
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El Gobierno Nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, en un esfuerzo por validar el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, después de que un fallo judicial lo declarara inconstitucional y suspendiera su ejecución. La acción fue llevada a cabo por los abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación, liderados por Rodolfo Barra, quienes argumentan en su presentación que no hay evidencia en el fallo recurrido ni en el expediente que demuestre cómo el DNU afecta los derechos de libertad sindical. Esta iniciativa se produce tras la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que el 30 de enero se pronunció sobre la inconstitucionalidad del Capítulo IV del DNU 70/2023 en un expediente iniciado por la Confederación General del Trabajo contra el Estado Nacional. La medida busca revertir la interpretación judicial anterior y restablecer la vigencia de las disposiciones laborales contenidas en el decreto.
A través del DNU 70/2023, el Gobierno Nacional dispuso diversas modificaciones en materia laboral entre las que se destacaron las siguientes:
Período de prueba: se pasa de 3 a 8 meses el período de prueba
Despidos con justa causa y medidas de fuerza: se establece que “configura injuria laboral grave la participación en bloqueos o tomas de establecimiento”, por lo que es motivo de despido con justa causa.
Indemnización por antigüedad o despido: se modifican los rubros que se tienen en cuenta para calcular la compensación. La base de cálculo de esta indemnización no incluirá el Sueldo Anual Complementario, ni conceptos de pago semestral o anual, como el plus vacacional o un bono.
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El Dr Federico Villella, Camarista de la Sala Penal del Distrito Judicial Norte, de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, nos trae sus “Reflexiones desde el fin del mundo: el derecho a la seguridad y protección de las víctimas de violencia contra la mujer, en perspectiva de género”.
En este trabajo, el Dr. Villella se sumerge en la problemática de la violencia de género con un enfoque que atraviesa las complejidades y desafíos que enfrentan las víctimas en búsqueda de justicia y protección. A través de un análisis detallado y compasivo, el autor expone la urgencia de abordar la violencia desde una perspectiva que no solo reconozca la gravedad de estos delitos, sino que también entienda la necesidad de un sistema de protección que sea verdaderamente eficaz y respetuoso con la dignidad y autonomía de las víctimas.
El artículo no solo ofrece una visión crítica sobre la legislación actual y las prácticas judiciales, sino que también propone un camino hacia un enfoque más humanitario y justo para las víctimas de violencia de género. Una lectura obligatoria para todos aquellos interesados en la justicia social, los derechos humanos y la lucha contra la violencia de género.
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En un movimiento que ha generado amplias discusiones dentro del ámbito judicial y político del país, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, ha desestimado la propuesta presentada por el Ministro de Justicia para establecer una fiscalía especializada en casos de corrupción. El anuncio fue hecho a través de un comunicado oficial publicado en la página web del Ministerio Público Fiscal.
La propuesta del Ministro de Justicia buscaba la creación de una fiscalía que trabajase de manera paralela y coordinada con los fiscales ya competentes en los casos de corrupción. Según el Ministro, este nuevo cuerpo tendría como objetivo fortalecer la lucha contra la corrupción en el país, proporcionando recursos adicionales y especializados para la investigación de estos delitos.
Sin embargo, el Procurador General Casal ha expresado su oposición a esta iniciativa, argumentando que la creación de una fiscalía de tal naturaleza implicaría una modificación significativa en las funciones actualmente designadas por ley a los magistrados del Ministerio Público. Según Casal, cualquier cambio en este sentido requeriría una reforma legislativa que altere las disposiciones vigentes.
El comunicado del Procurador General subraya que el sistema judicial actual ya posee las estructuras y mecanismos necesarios para la investigación y sanción de los delitos de corrupción. Casal insiste en que la propuesta del Ministro de Justicia no solo es innecesaria, sino que también podría generar conflictos de competencia y eficacia dentro del propio sistema de justicia.
Mientras algunos sectores apoyan la postura del Procurador General, argumentando que la propuesta podría complicar el trabajo judicial existente, otros critican la decisión, señalando la necesidad de innovar y fortalecer las herramientas de lucha contra la corrupción.
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Con el fin de potenciar el crecimiento económico y fomentar las inversiones productivas dentro de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se ha promulgado la Resolución 117/24 por parte del Ministerio de Producción y Ambiente. Esta resolución establece un procedimiento detallado para que los establecimientos industriales puedan acceder a una reducción en la tasa de verificación de procesos productivos (TVPP), a cambio de realizar nuevas inversiones productivas. La medida se alinea con las modificaciones introducidas por la Ley Provincial 1513 a la Ley Provincial 440, marcando un hito en la política económica provincial hacia el incentivo de la capacidad productiva y el desarrollo sostenible.
Bajo esta nueva normativa, las empresas que demuestren haber realizado inversiones equivalentes al menos al 10% de lo que correspondería pagar por la TVPP en un mes determinado, podrán beneficiarse de una reducción del 10% en dicha tasa. Esto se aplica únicamente a inversiones que contribuyan directamente a aumentar la capacidad productiva en sectores promovidos, excluyendo específicamente las inversiones en computadoras personales y vehículos. Además, se introduce un mecanismo de actualización mensual del saldo de inversiones, ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Para acceder al beneficio, las empresas deben presentar una declaración jurada renunciando a cualquier reclamo futuro relacionado con la tasa y demostrar, mediante documentación respaldada por un contador público independiente, la realización de dichas inversiones. La resolución contempla un riguroso proceso de verificación y control por parte de la Secretaría de Industria y Promoción Económica, asegurando la transparencia y el cumplimiento de los requisitos establecidos.
Con esta nueva medida se espera un impulso significativo en la inversión de activos fijos tangibles, tanto nuevos como usados, que estén destinados a la producción, excluyendo aquellos bienes que hayan sido previamente computados por otras empresas para el mismo beneficio. Al incentivar la inversión directa en la capacidad productiva, el gobierno provincial busca no solo fortalecer el tejido industrial de Tierra del Fuego, sino también promover un desarrollo económico más robusto y sostenible.
