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Cámara Nacional del Trabajo Reafirma Fallo sobre Ausencia de Nexo Causal en Daño Psíquico
La Cámara Nacional del Trabajo confirma un fallo previo que rechazaba la existencia de un daño psíquico relacionado con un accidente laboral sufrido por un trabajador.
El núcleo del desacuerdo yace en la evaluación del nexo causal entre el accidente laboral experimentado por el trabajador y el presunto daño psíquico sufrido. El incidente, en detalle, ocurrió mientras el actor caminaba y perdió la estabilidad, lo que resultó en un “tirón” en su región dorsolumbar.
El tribunal, tras analizar el contexto fáctico, sostuvo que no era razonable inferir que dicho accidente hubiera tenido un impacto sustancial en la esfera psíquica del trabajador. Esta apreciación se fundamenta en el entendimiento de que las circunstancias que rodearon el accidente no poseen la gravedad suficiente como para desencadenar un trastorno psíquico.
Se tomó como referencia la evaluación del perito, quien informó sobre el déficit psíquico del trabajador. Sin embargo, el tribunal decidió desestimar este informe pericial al no encontrar una correlación directa y evidente entre el suceso laboral y el presunto daño psíquico, subrayando la necesidad de un nexo causal sólido y justificado para atribuir la responsabilidad y proceder con una indemnización por daño psíquico.
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Cámara Federal de Mendoza Aplica Sanciones Previstas en Ley 11983
En una reciente resolución, la Cámara Federal de Mendoza se ha pronunciado afirmando la legalidad de las medidas administrativas de clausura de un domicilio y decomiso de bienes hallados en él, en virtud de lo estipulado en la ley 11983. Las autoridades encontraron en el inmueble placas de video que eran utilizadas para la minería de criptomonedas, una actividad que, al no poder legitimar la titularidad de dichas herramientas, se presume ilegítima.
El tribunal, luego de un análisis detenido de las pruebas presentadas y en aplicación de las disposiciones de la mencionada ley, llegó a la conclusión de que no era posible acreditar la titularidad legal de las placas de video, elemento esencial para la actividad de minería digital. Este hallazgo configura una infracción clara de la normativa vigente, dando lugar a la imposición de sanciones legales previstas, entre las cuales figura la clausura del espacio físico utilizado para llevar adelante la actividad ilícita y el decomiso de los bienes utilizados en la misma.
En este contexto, la Cámara Federal de Mendoza ejerció una aplicación estricta de las normas contempladas en la ley 11983, orientada a preservar la legalidad y sancionar conductas contrapuestas a los parámetros establecidos en el ordenamiento jurídico.
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En respuesta a la necesidad creciente de especialización técnica y orientación en procesos judiciales relacionados con la salud, se ha instituido el Consejo de Asistencia Técnica para Procesos Judiciales de Salud, un ente consultivo y permanente destinado a asesorar al Poder Judicial en casos puntuales que involucren reclamos por medicamentos y tratamientos para enfermedades poco comunes o especiales, bajo el amparo de la ley 26689.
Este Consejo buscará facilitar información técnica, actual y objetiva que permita a los tribunales tomar decisiones informadas y justas antes de emitir resoluciones sobre la cobertura de dichas prestaciones médicas. De esta forma, se espera que el órgano actúe como un faro de conocimiento especializado que guíe las decisiones judiciales hacia veredictos más justos y conscientes de las particularidades médicas involucradas en cada caso.
La medida marca un paso significativo en el reconocimiento de la complejidad y especificidad que encierran los casos judiciales relacionados con la salud, especialmente aquellos que se refieren a enfermedades raras o patologías que requieren un tratamiento especializado. Así, mediante la creación de este Consejo, se espera mitigar el vacío de conocimiento técnico, ofreciendo una herramienta adicional para que los jueces puedan apoyarse en opiniones expertas y pertinentes al momento de dictaminar sus fallos.
Se espera que esta medida no solo beneficie a aquellos individuos que buscan respuestas judiciales a sus problemas de salud, sino que también establezca un precedente de colaboración interdisciplinaria, demostrando que la conjunción de conocimientos técnicos y legales puede, de hecho, coexistir y funcionar armónicamente en pro del bienestar y la justicia.
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En el marco jurídico contemporáneo, el análisis y la revisión constante de los criterios utilizados para la fijación de cuotas alimentarias son de vital importancia para garantizar el bienestar de los NNA involucrados. En este contexto, surge el índice de crianza, una herramienta emergente que busca fundamentar de manera más precisa y equitativa el monto establecido para estas cuotas.
La Dra. Julia Barcelo, nos ofrece su perspectiva sobre este tópico a través del análisis de los casos judiciales precursores que han optado por aplicar el mencionado índice en la determinación de las cuotas alimentarias. A través de su lente nos viene a dar luz sobre los criterios y razones que han motivado a los juzgados a inclinarse por este enfoque innovador.
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La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Paraná, tomó una decisión significativa al confirmar la invalidez de un acuerdo de mediación penal, basándose en circunstancias que comprometían la integridad y el libre consentimiento de una de las partes involucradas.
El caso giró en torno a un acuerdo en el que la víctima se comprometía a devolver parte de un vehículo a su ex pareja. Sin embargo, lo que agravó el escenario y llamó la atención del tribunal fue que la mencionada víctima había sido previamente objeto de amenazas de muerte por parte de su ex pareja, que resulta ser la contraparte en el acuerdo.
Otro punto crítico que la Cámara consideró fue que la víctima asistió al proceso de mediación sin el patrocinio legal adecuado. Esta ausencia de representación legal plantea serias interrogantes sobre la capacidad de la víctima para prestar un consentimiento válido y genuino, especialmente en un contexto de amenaza y coacción.
La decisión del tribunal subraya la importancia de garantizar que todos los acuerdos, en particular aquellos alcanzados en el ámbito penal, se basen en el libre consentimiento de las partes involucradas. Además, recalca la necesidad de contar con la asistencia legal adecuada, más aún cuando hay antecedentes de violencia o amenazas, para asegurar que los intereses de todas las partes estén adecuadamente representados y protegidos.
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En un contexto donde la Inteligencia Artificial (IA) desempeña un papel cada vez más prominente en la sociedad moderna, la necesidad de establecer parámetros claros para su uso se vuelve imperativa. Es en este escenario que surge un nuevo programa, con el objetivo principal de fortalecer y garantizar la protección de datos personales en el contexto de la IA.
Este programa, de corte innovador, se centra en tres pilares fundamentales:
Análisis: Evaluar cómo la IA impacta en la recopilación, almacenamiento y procesamiento de datos personales, identificando potenciales riesgos y oportunidades.
Regulación: Establecer marcos normativos claros y efectivos que orienten y restrinjan el uso de la IA, asegurando que esta no vulnere los derechos de los individuos y garantizando la integridad de la información personal.
Fortalecimiento: Potenciar las capacidades estatales, tanto a nivel técnico como institucional, para supervisar y acompañar el desarrollo de la IA en el ámbito público y privado.
Uno de los aspectos más destacables de este programa es su enfoque en la transparencia. Más allá de solo proteger datos, busca asegurar que los ciudadanos tengan pleno conocimiento y control sobre cómo y por qué se procesan sus datos en el contexto de aplicaciones basadas en IA.
La implementación de este programa marca un paso esencial en la adaptación a una era donde la tecnología y los datos son centrales. Con ello, se busca que la evolución tecnológica marche de la mano con el respeto a la privacidad y los derechos de las personas, evitando así potenciales abusos y garantizando una coexistencia armónica entre la IA y la sociedad.
