El proceso burocrático que rodeaba la obtención y renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) ha sido, durante mucho tiempo, una preocupación y un desafío para las personas con discapacidad y sus familias. Sin embargo, con la reciente aprobación de la reglamentación de la Ley 27711, se da un paso significativo hacia una mayor inclusión y consideración.
Con la implementación del Decreto 534/2023, que “Reglamenta la Ley”, se transmite un mensaje contundente: las personas con discapacidad merecen reconocimiento y facilidades que minimicen obstáculos burocráticos innecesarios. Esta reglamentación representa un avance significativo hacia una sociedad más justa e inclusiva.
Esta ley establece que el CUD se expedirá sin tener que renovarse periódicamente, eliminando así el desgaste administrativo y emocional que suponía la renovación constante. En lugar de requerir renovaciones, se han instaurado instancias de actualización que se adaptan al curso de vida del individuo con discapacidad.
Se reconoce la discapacidad no como una condición temporal, sino como una realidad que acompaña a las personas a lo largo de sus vidas. Al no estar sujeto a un plazo temporal, el CUD se convierte en un instrumento de certeza y estabilidad que garantiza los derechos y beneficios asociados a él, sin la constante preocupación de su caducidad.
Además, la actualización a lo largo del curso de vida permite que el certificado se adapte a las necesidades cambiantes de la persona, reflejando con mayor precisión su situación y asegurando una atención adecuada.
