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El presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario, una medida que había sido aprobada por ambas Cámaras del Congreso, argumentando que dicha ley afectaba el objetivo del “déficit cero” del gobierno. Esta decisión, anunciada por Milei a través de la red social X, generó un fuerte debate político y social, ya que la medida se tomó tras una multitudinaria marcha en apoyo a la educación pública.
El veto presidencial, que ya había sido anticipado antes de la votación en el Congreso, fue respaldado por la premisa de evitar un mayor gasto público en un contexto económico complicado.
Este veto es el segundo que Milei aplica durante su mandato, siendo el primero relacionado con el aumento a los jubilados, lo que ha consolidado su postura de control estricto sobre el gasto público. Sin embargo, la decisión ha generado una fuerte reacción por parte de sectores que defienden la importancia de la educación pública y la necesidad de asegurar su financiamiento, lo que pone en juego el balance entre las políticas de austeridad y las demandas sociales.
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Esta sentencia (no firme) del Juzgado de Familia de 2° Nominación de Córdoba, pone en primer plano la protección del bienestar emocional de una adolescente frente a la indiferencia de su progenitor. El tribunal determinó que no era adecuado establecer un régimen comunicacional, dado que esto podría crear expectativas irreales en la adolescente, generando mayor frustración y daño emocional. La decisión se sustentó en la clara falta de interés del padre, evidenciada por su ausencia en las audiencias judiciales, lo que reforzó la necesidad de proteger a la menor de un vínculo que no se materializa de manera genuina.
Además, el tribunal responsabilizó al padre del pago de los gastos de terapia que sean necesarios para la adolescente, una medida que refuerza el enfoque integral del fallo al garantizar que la menor reciba el apoyo emocional necesario para enfrentar esta situación.
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