El recurrente solicitó a la Corte que revea la decisión a través de la cual desestimó la queja por no haberse abonado el depósito previsto en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, luego de haber vencido el plazo para diferirlo de conformidad con lo establecido en la acordada 47/91, y habiendo sido intimado de pago mediante una providencia. Indicó que había cumplido con dicha intimación dentro del plazo estipulado pues no se tuvo presente la fecha de la previsión presupuestaria.
La Corte desestimó lo solicitado.
Sostuvo que la providencia había sido clara al intimar al pago del depósito ante el incumplimiento de acompañar la previsión presupuestaria dentro de los 5 días de haber interpuesto la queja, siendo a tal fin intrascendente la fecha en que, internamente, se solicitó la previsión presupuestaria.
En respuesta al otro planteo del recurrente el Tribunal señaló que si bien es cierto que el Fisco Nacional se encontraba exento de pagar la tasa de justicia por lo dispuesto en el artículo 2º, inciso a, de la ley 21859, no menos cierto es que dicha ley fue expresamente derogada por el artículo 19 de la ley 23898, vigente hasta la fecha, y que reemplazó orgánicamente lo relativo a la tasa de actuación judicial. Asimismo, y a mayor abundamiento, ese cambio normativo es el que dio lugar al dictado de la acordada 66/90, que sirvió de antecedente a la acordada 47/91.
“…Corresponde rechazar el recurso interpuesto contra la decisión que desestimó la queja por no haberse abonado el depósito previo luego de haber vencido el plazo para diferirlo de conformidad con lo establecido en la acordada 47/91, pues el recurrente fue intimado al pago ante el incumplimiento de acompañar la previsión presupuestaria, según establece el artículo 2 de la citada acordada 47/1991, siendo a tal fin intrascendente la fecha en que, internamente, se solicitó la mencionada previsión, en tanto la norma es clara al prever que se debe acompañar, dentro del quinto día, constancia documental respecto del correspondiente requerimiento de previsión presupuestaria y el incumplimiento importa la caducidad del acogimiento.”
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